La profundización del abismo del incumplimiento en EEUU

Clive Crook

Hace una semana, el gobierno de los EEUU llegó a su límite de endeudamiento legal de US$ 14,3 billones. Con los desembolsos muy por encima de los ingresos, inició “medidas extraordinarias” para evitar romper el límite. Hasta principios de agosto, según el Tesoro, el gobierno puede barajar cuentas, por ejemplo suspendiendo abonos a fondos federales previsionales y de discapacidad, de modo que sus deudas con terceros dejen de aumentar. Pero el 2 de agosto, dice la administración, las opciones se agotan y “no hay plan B”. El gobierno incumple.



Los excelentes hombres y mujeres del Congreso de EEUU, siempre conscientes de su deber con los electores, ahora están haciendo distinciones entre diferentes tipos de incumplimiento. Algunos se preguntan, ¿por qué debe importar al mercado de bonos si el gobierno comienza a pagar a sus empleados con pagarés en lugar de efectivo después del 2 de agosto, mientras siga pagando los intereses y capital de su deuda a medida que venza? Ese tipo de incumplimiento hasta podría ser una buena cosa, dicen algunos republicanos. Podría obligar a reducir el gasto, finalmente. No hay que apresurarse a condenar el incumplimiento de forma indiscriminada. Bien hecho, podría ser una experiencia agradable.

Tom Coburn, el halcón republicano fiscal que ha sido un líder de los esfuerzos en el Senado por desarrollar un acuerdo presupuestario bipartidista, dijo la semana pasada: “Yo bajaría la calificación en minutos. Lo haría, sabiendo lo que sé”. Coburn acababa de abandonar la “banda de los seis” senadores que habían estado trabajando en un plan de reducción de déficit parecido al defendido por la comisión Bowles-Simpson, diciendo que sus conversaciones habían llegado a un punto muerto. Unos días más tarde, los demócratas del Senado anunciaron que no presentarían un presupuesto.

Las negociaciones se centran ahora en el panel presidido por el vicepresidente Joe Biden. En cierto modo esto es un foro poco prometedor: en comparación con la ahora marginada “banda de los seis”, los miembros del panel de Biden están enfrentados sobre los temas principales y poco dispuestos a hacer concesiones. Por otra parte, por esa misma razón, su objetivo es más modesto: una revisión fiscal de corto plazo que suba el techo de la deuda y aplace las decisiones difíciles sobre el gasto a largo plazo y los impuestos hasta después de las próximas elecciones.

Dejando a un lado la política, la respuesta es fácil de ver. Los ingresos pueden aumentarse sin subir los impuestos. Un sistema fiscal más simple con una base más amplia puede aumentar los ingresos y bajar las tasas al mismo tiempo. Ese es el punto clave en el plan Bowles-Simpson. Coburn, despertando la furia de los fanáticos anti-impuestos en su propio partido, lo había aprobado, y es por eso que su salida de la banda de los seis es tal golpe. La pregunta es, ¿qué tipo de parche puede improvisarse antes de agosto? 
La salida podría ser “metas y detonantes”. Una vez más, sin embargo, el punto en conflicto son los impuestos. Los republicanos quieren detonantes de recortes automáticos en el gasto, pero se oponen a los aumentos automáticos de impuestos.

La administración ha comenzado a referirse a “gastos fiscales” como una forma de cuadrar el círculo. Analíticamente, sin duda, esto es correcto. Los beneficios tributarios por intereses hipotecarios y otros gastos no son más que subsidios ocultos en el interior del código fiscal: si uno quiere limitar el papel del gobierno en la economía, debería cortar los dos tipos de “gasto”. Con excepciones como Coburn, sin embargo, los republicanos no se convencen, y la política es difícil. Si la gente ve subir su pago de impuestos, explicarles que en realidad no es un alza tributaria es un reto.

La respuesta tendrá que ser otra chapuza. Establecer objetivos de reducción del déficit, y dejar la mecánica de la acción automática tan vaga que los republicanos y demócratas por igual puedan aceptarla.